“Nosotros, por supuesto, vamos a defender los principios del periodismo”, periodistas hablan sobre libertad de prensa en el Coloquio Iberoamericano de Periodismo Digital


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Hablar del estado actual del periodismo digital no es posible sin tocar uno de los problemas más graves que enfrentan los medios: las violaciones a la libertad de prensa. Esto es particularmente cierto en América Latina.

Por eso, el 17º Coloquio Iberoamericano de Periodismo Digital tuvo como protagonista el tema en uno de sus principales paneles llamado “Ataques contra la prensa en América Latina” y que fue moderado por el director del Centro Knight y fundador del ISOJ y el Coloquio, Rosental Alves.

Alves comenzó señalando cómo los ataques contra la prensa han ido “evolucionando” comparado con su época de corresponsal durante la que vio la mayoría de las dictaduras de la región.

“Los ataques parecían un poco diferentes. Ellos [dictadores] terminaban la democracia con la excusa de que estaban intentando salvar a la democracia”, recordó Alves, quien comparó cómo ahora los ataques a la democracia son más cínicos, la destrucción de la democracia porque no les conviene. “[Buscan] destruir a la democracia y en algunos casos construir una cleptocracia. La dictadura evoluciona a la cleptocracia, el régimen de los ladrones”.

Four people speaking
Romina Mella, Luz Mely Reyes, José Carlos y Rosental Alves en el panel “Ataques contra la prensa en América Latina” durante el 17º Coloquio Iberoamericano de Periodismo Digital. (Foto: Patricia Lim/Centro Knight)

Periodistas de Guatemala, Perú y Venezuela discutieron durante el panel sobre las estrategias de los gobiernos para perseguir a la prensa y los patrones que comparten.

José Carlos Zamora, director de comunicaciones e impacto de Exile e hijo del periodista guatemalteco José Rubén Zamora, comenzó su presentación agradeciendo el apoyo que él y toda la familia Zamora han sentido en todo el proceso de su padre que para ese momento cumplía 625 días en prisión, a pesar de no tener una condena en su contra.

El caso de José Rubén Zamora se ha convertido en uno emblemático no sólo para demostrar el acoso en contra del periodismo en Guatemala, sino en lo “sofisticados” que son ahora los ataques contra periodistas. Según José Zamora, los asesinatos de periodistas – que siguen teniendo cifras altas en la región – “tienen un costo muy alto para los gobiernos”.

“Fueron evolucionando: usando el terrorismo fiscal, campañas de difamación, empezaron a usar el derecho civil para tenerlo a uno en audiencias”, dijo José Zamora. “Pero la herramienta más efectiva y eficiente, y lo vemos en el mundo, es la criminalización y el uso del derecho penal para perseguir a periodistas. Es una herramienta que ha sido muy útil para todos los regímenes autoritarios y represivos”.

José Zamora también explicó cómo el gobierno del expresidente de Alejandro Giammattei fue “absolutamente” corrupto y represivo. Después de que el movimiento anticorrupción de Guatemala tuviera varias victorias, gobiernos como los de Giammattei llegaron “buscando venganza”, y lo hicieron en contra de fiscales, jueces y periodistas, aseguró.

Uno de esos objetivos fue José Rubén Zamora quien fue detenido el 29 de julio de 2022 acusado de lavado de dinero. Aunque no tiene ninguna sentencia firme en su contra y organizaciones internacionales han señalado las irregularidades y violaciones en su proceso judicial, ha estado en prisión por casi dos años en “condiciones que se han documentado que son tortura”, dijo su hijo. También está detenido en violación de las propias normas de Guatemala que establecen que ninguna persona puede estar en prisión preventiva por más de 90 días, dijo José Zamora.

En la actualidad, la nueva estrategia del gobierno para ser dilatar las audiencias. Asimismo, una organización recusó al juez y al tribunal en el caso de Zamora y ahora deberá ser decidido por la Corte Suprema de Justicia, la cual fue elegida por Giammattei.

“Pero seguimos peleando y seguimos denunciando. Lo más importante es seguir denunciando esos abusos de poder”, dijo José Zamora. “La corrupción sigue enquistada en el sistema judicial y exigimos que el sistema judicial se renueve”.

A su turno, la periodista venezolana, cofundadora y directora ejecutiva de Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes, explicó lo vivido en su país en los 25 años de ‘chavismo’, y que ha provocado la ola de expulsión de periodistas. Reyes señaló cómo hay un patrón en la región e hizo un llamado para reconocer esos patrones porque, según dijo, “nos cuesta verlo cuando lo estamos viviendo”.

El análisis de Reyes comienza con la llegada del expresidente Hugo Chávez al poder y que fue vivida como “una luna de miel”, y advirtió sobre estos encantos.

“Cada vez que la gente cree que se puede conciliar con [los autoritarios], le recordamos ‘eso pasó en Venezuela. No resultó’”.

Con el golpe de estado de 2002 se acabó de tajo la luna de miel, y fue seguido por un “hito importante” en sus ataques a medios como lo fue el cierre de RCTV. Un caso por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Venezuela.

La reelección de Chávez en 2012 cuando ya su cáncer había sido diagnosticado y el aumento de ataques a medios en 2013 son fechas importantes en este recorrido del chavismo. Ese año se dio la aniquilación de los medios impresos, así como el bloqueo de medios internacionales – que aún hoy no pueden verse en Venezuela. Un “respiro” se vio en 2016 cuando hubo una primavera de medios nativos digitales “producto de la censura”.

La administración de Nicolás Maduro, quien siguió a Chávez, “cruzó otra línea” en 2019 con la detención de periodistas. Uno de los casos más impactantes fue el de Luis Carlos Díaz, víctima de desaparición forzada por más de ocho horas. Desde entonces se empieza a hablar con mucha más fuerza de los “desiertos informativos”, censura, autocensura y las campañas de descrédito, agregó Reyes.

A este escenario se suman leyes que se han usado en contra del periodismo como la ley de odio y ley resorte, la cuales se han instrumentalizado en varios países. “Porque los autoritarismos son resilientes y tienen capacidad de aprendizaje y capacidad de conectarse”, dijo Reyes.

Según Reyes, lo mismo hecho en Venezuela en estos 25 años se va repitiendo en otros países. “La caja de herramientas contra el periodismo”, según Reyes, incluye la criminalización, judicialización, estigmatización, difamación, entre otros. “El abanico es muy amplio”, dijo.

“Vemos cómo se está repitiendo en distintos países de Latinoamérica y cómo esto está generando la expulsión de periodistas y desmantelamiento, no solamente el que generó el Estado de la industria de los medios, sino del ejercicio del periodismo”, aseguró Reyes quien también es ICFJ Fellow trabajando en conectar a periodistas en el exilio.

Su trabajo como fellow ha sido en buscar iniciativas que permitan “hacer periodismo estemos donde estemos”.

La situación de Perú, aunque no llega a ser como la de Venezuela, está despertando preocupación en la región particularmente por lo que podría pasar con el reconocido periodista de investigación Gustavo Gorriti a quien actualmente la Fiscalía de Perú le tiene abierta una investigación por su presunta intervención en investigaciones judiciales.

Romina Mella, jefa de redacción del sitio IDL-Reporteros, explicó al público del Coloquio cómo empezó esta persecución en contra de Gorriti y quiénes estarían detrás de ella. IDL-Reporteros, con 14 años de existencia, fue fundado por Gorriti y se ha destacado por sus investigaciones periodísticas especialmente enfocadas en casos de corrupción.

Según Mella, las investigaciones del medio siempre generaron campañas de desinformación en contra del equipo y de Gorriti. Sin embargo, en el último año han visto un incremento de estas campañas las cuales son seguidas por olas de violencia en contra de la sede del medio, e incluso de la casa de Gorriti. Las investigaciones del caso conocido como Lava Jato, que ha tenido particular impacto en Perú, han sido las que han ocasionado estas respuestas.

Detrás de estas campañas de desinformación, explicó Mella, estarían personas vinculadas en esas investigaciones que “han involucrado a todos los expresidentes desde el retorno de la democracia a Perú”. “Es el gran caso de corrupción en nuestro país y en América Latina”, dijo Mella.

En las campañas de desinformación a Gorriti se le ha señalado de ser una especie de “titiritero” dentro de la Fiscalía de Perú con facultades para decidir investigaciones, e incluso, en uno de los señalamientos más “delirantes”, como dijo Mella, está el de haber instigado el suicido del expresidente Alan García. García se suicidó en su vivienda cuando llegaron a arrestarlo por el caso Lava Jato.

Mella destaca cómo los cargos por los que se abrió la investigación de Gorriti son los mismos expuestos en las campañas de difamación.

“El fiscal violando todos los principios de libertad de expresión y de periodismo que hay en el Perú y en los tratados internacionales inicia un caso, y ha pedido el número de teléfono que ha utilizado Gustavo entre los años 2016 y 2021, y además ha anunciado que va a pedir el levantamiento del secreto de sus comunicaciones porque lo que hay detrás de esta investigación es el interés de un fiscal por conocer las fuentes periodísticas”, aseguró Mella.

Mella destacó el apoyo que han recibido tanto a nivel nacional como internacional, como por ejemplo, el comunicado emitido por varias organizaciones internacionales apoyando a Gorriti o la carta de apoyo al periodista, señaló que es importante seguir levantando la voz.

“Nosotros por supuesto vamos a defender los principios del periodismo, no vamos a revelar ni a entregar ninguna información, pero el periodismo de investigación está amenazado. Es una grave amenaza y, como dijo Luz Mely [Reyes], es un libreto que se repite en general en toda la región. Y dada la gravedad del asunto, por lo que puede pasar en nuestro país, para nosotros sí es importante que otros periodistas levanten su voz sobre lo que está pasando porque nos están atacando a todos”, fue el llamado de Mella.

Durante casi 50 minutos, los panelistas y el público del Coloquio debatieron sobre los diferentes ataques a la prensa que se ven en la región, cuáles podrían ser caminos para hacerles frente e incluso maneras de identificarlos.

Para José Zamora algo que deben tener en cuenta los periodistas con estos nuevos ataques es una manera de enfrentarlos, pero sobre todo entender que no va a ser una defensa justa. Según dijo, ante amenazas físicas o hechos violentos se suelen tener protocolos para reaccionar o prevenirlos, pero no pasa lo mismo con los ataques judiciales.

“Creemos que podemos responder en la ley, pero no”, dijo. “No hay que dejarse capturar. Cuando uno sabe que es inocente y como periodista uno cree ‘tengo cómo probar la verdad, me voy a defender’. El problema es que no son tribunales, no es justicia. Uno no se puede entregar al sistema”.

El Coloquio Iberoamericano de Periodismo Digital es un encuentro anual de periodistas de la región que organiza el Centro Knight para el Periodismo en las Américas. Tradicionalmente se celebra el domingo siguiente a la clausura del Simposio Internacional de Periodismo Online (ISOJ) y este año tuvo lugar el 14 de abril. Puede encontrar una grabación del Coloquio aquí.


‘We, of course, are going to defend the principles of journalism,’ Latin American journalists talk about press freedom

Talking about the current state of digital journalism is not possible without touching on one of the most serious problems facing media: violations of press freedom. This is particularly true in Latin America.

For this reason, the 17th Ibero-American Colloquium on Digital Journalism featured the topic in one of its main panels called “Attacks against the press in Latin America,” which was moderated by the director of the Knight Center and founder of ISOJ and the Colloquium, Rosental Alves.

Alves began by pointing out how attacks against the press have been “evolving” compared to his time as a correspondent during which he saw most of the dictatorships in the region.

“The attacks seemed a little different. They [dictators] ended democracy with the excuse that they were trying to save democracy,” recalled Alves, who compared how now the attacks on democracy are more cynical, the destruction of democracy because it is not convenient for them. “[They seek] to destroy democracy and in some cases build a kleptocracy. The dictatorship evolves into kleptocracy, the regime of thieves.”

During the panel, journalists from Guatemala, Peru and Venezuela discussed government strategies to persecute the press and the patterns they share.

José Carlos Zamora, director of communications and impact at Exile and son of Guatemalan journalist José Rubén Zamora, began his presentation by expressing gratitude for the support that he and the entire Zamora family have felt during the case against his father.  At the time of the panel, the father had spent 625 days in prison, despite not being convicted of anything.

The case of José Rubén Zamora has become emblematic not only of demonstrating the harassment against journalism in Guatemala, but also how “sophisticated” the attacks against journalists now are. According to José Zamora, the murders of journalists – which continue to be high in number in the region – “have a very high cost for governments.”

“They were evolving: using tax terrorism, defamation campaigns, they began to use civil law to keep you in hearings,” said José Zamora. “But the most effective and efficient tool, and we see it in the world, is criminalization and the use of criminal law to persecute journalists. It is a tool that has been very useful for all authoritarian and repressive regimes.”

José Zamora also explained how the government of former President Alejandro Giammattei was “absolutely” corrupt and repressive. After Guatemala’s anti-corruption movement experienced several victories, governments like Giammattei’s arrived “seeking revenge,” and they did so against prosecutors, judges and journalists, he said.

One of those targets was José Rubén Zamora who was arrested on July 29, 2022 and accused of money laundering. Although his conviction was overturned and international organizations have pointed out irregularities and violations in his judicial case, he has been in prison for almost two years, in “conditions that have been documented to be torture,” his son said. He’s also being held in violation of Guatemala’s own regulations that state no person can be in preventive detention for more than 90 days, José Zamora said.

Currently, the government’s new strategy seems to be to delay the hearings. Likewise, an organization challenged the judge and the court in the Zamora case and now it must be decided by the Supreme Court of Justice, which was chosen by Giammattei.

“But we continue fighting and we continue denouncing. The most important thing is to continue denouncing these abuses of power,” José Zamora said. “Corruption remains entrenched in the judicial system and we demand that the judicial system be renewed.”

In turn, the Venezuelan journalist, co-founder and executive director of Effect Cocuyo, Luz Mely Reyes, explained what she experienced in her country in the 25 years of ‘Chavismo’, and what has led to the wave of journalists being expelled. Reyes pointed out how there is a pattern in the region and called for recognizing those patterns because, as she said, “it is difficult for us to see it when we are living it.”

Reyes’ analysis begins with the arrival of former President Hugo Chávez to power, which was experienced as “a honeymoon.” She warned about these charms.

“Every time people think they can reconcile with [the authoritarians], we remind them ‘that happened in Venezuela. It did not work out.'”

With the coup d’état of 2002, the honeymoon came to an end, and was followed by an “important milestone” in attacks on the media, such as the closure of RCTV. The Inter-American Court of Human Rights condemned Venezuela in this case.

Chávez’s reelection in 2012 when he had already been diagnosed with cancer and the increase in attacks on the media in 2013 are important dates in this journey of Chavismo. That year saw the annihilation of print media, as well as the blockade of international media – which still cannot be seen in Venezuela today. A “respite” was seen in 2016 when there was a spring of digital native media – a “product of censorship.”

The administration of Nicolás Maduro, who followed Chávez, “crossed another line” in 2019 with the detention of journalists. One of the most shocking cases was that of Luis Carlos Díaz, a victim of forced disappearance for more than eight hours. Since then, people begin to talk much more strongly about “news deserts,” censorship, self-censorship and smear campaigns, Reyes added.

Added to this scenario are laws that have been used against journalism, such as the hate law and a broadcasting responsibility law, which have been instrumentalized in several countries. “Because authoritarianism is resilient and has the capacity for learning and the ability to connect,” Reyes said.

According to Reyes, the same thing that happened in Venezuela in these 25 years is being repeated in other countries. “The toolbox against journalism,” according to Reyes, includes criminalization, judicialization, stigmatization, defamation, among others. “The range is very wide,” she said.

“We see how it is being repeated in different Latin American countries and how this is leading to the expulsion of journalists and the dismantling – not only by the State against the media industry –, but of the practice of journalism,” said Reyes, who is also an ICFJ fellow working on connecting journalists in exile.

Her work as a fellow has been to look for initiatives that allow “doing journalism wherever we are.”

The situation in Peru, although it is not like that of Venezuela, is raising concern in the region, particularly about what could happen to the renowned investigative journalist Gustavo Gorriti, whom the Peruvian prosecutor’s office has recently opened a case against for alleged intervention in judicial investigations.

Romina Mella, editor in chief of investigative site IDL-Reporteros, explained to the Colloquium audience how this persecution against Gorriti began and who is allegedly behind it. IDL-Reporteros, created 14 years ago, was founded by Gorriti and has stood out for its journalistic investigations, especially those focused on corruption cases.

According to Mella, the media outlet’s investigations always generated disinformation campaigns against the team and Gorriti. However, in the last year, they have seen an increase in these campaigns which are followed by waves of violence against the media outlet’s headquarters, and even Gorriti’s house. Investigations into the case known as Lava Jato, or Operation Car Wash, which has had a particular impact in Peru, have led to these responses.

Behind these disinformation campaigns, Mella explained, there are allegedly people linked to these investigations that “have involved all the former presidents since the return of democracy to Peru.” “It is the great case of corruption in our country and in Latin America,” Mella said.

In the disinformation campaigns, Gorriti has been accused of being a kind of “puppeteer” within the Peruvian Prosecutor’s Office with the power to decide investigations, and even, in one of the most “delirious” accusations, as Mella said, they allege he instigated the suicide of former President Alan García. García committed suicide in his home when authorities arrived to arrest him for the Lava Jato case.

Mella highlighted how the charges for which the Gorriti investigation was opened are the same as those exposed in the smear campaigns.

“The prosecutor, violating all the principles of freedom of expression and journalism that exist in Peru and in international treaties, initiates a case, and has requested the telephone number that Gustavo used between 2016 and 2021, and has also announced that he is going to request the lifting of the secrecy of his communications because what is behind this investigation is the interest of a prosecutor in knowing the journalistic sources,” Mella said.

Mella highlighted the support they have received both nationally and internationally, such as the statement issued by several international organizations supporting Gorriti or the letter of support for the journalist, pointing out that it is important to continue sounding the alarm on the case.

“We, of course, are going to defend the principles of journalism, we are not going to reveal or hand over any information, but investigative journalism is threatened. It is a serious threat and, as Luz Mely [Reyes] said, it is a script that is generally repeated throughout the region. And given the seriousness of the matter, because of what can happen in our country, for us it is important that other journalists raise their voices about what is happening because they are attacking us all,” Mella said.

For almost 50 minutes, the panelists and participants of the Colloquium discussed the different attacks on the press that are seen in the region, what could be ways to confront them and even ways to identify them.

For José Zamora, something that journalists must take into account with these new attacks is a way to confront them, but above all understand that it is not going to be a fair defense. According to him, in the face of physical threats or violent events there are usually protocols to react or prevent them, but the same does not happen with judicial attacks.

“We believe we can respond in law, but no,” he said. “You don’t have to let yourself be captured. When you know you are innocent and as a journalist you believe ‘I have a way to prove the truth, I am going to defend myself.’ The problem is that they are not courts, it is not justice. One cannot surrender to the system.”

The Ibero-American Colloquium on Digital Journalism is an annual meeting of journalists from the region organized by the Knight Center for Journalism in the Americas. Traditionally it is celebrated on the Sunday following the closing of the International Symposium on Online Journalism (ISOJ) and this year it took place on April 14. A recording of the Colloquium can be found here.